Dice que su mamá y hermano lo quemaron
Cecilia SOLIS
BENITO JUAREZ, 15 de enero.- La rápida reacción de elementos del Mando Unico permitió rescatar a un niño de 11 años de edad con quemaduras de segundo y tercer grados en el 20 por ciento de su cuerpo, por lo que quedó ingresado en un
hospital.
Aunque en un principio el reporte al número de emergencias 911 indicó que los ocupantes del taxi número económico 1186, del sindicato “Andrés Quintana Roo”, habían levantado a un menor de edad en las inmediaciones de la Supermanzana 61, lo que originó una intensa movilización de policías, quienes lograron rescatar al menor y canalizarlo a un hospital, A.A.A.C., de 11 años de edad, manifestó a los uniformados que unos sujetos en una camioneta negra lo habían levantado y torturado, para después abandonarlo en la Supermanzana 61, afirmando que su madre y su hermano lo auxiliaron y lo estaban trasladando al Hospital General cuando fue interceptado el taxi en la avenida José López Portillo.
La madre del menor, Irma S.C.C., de 40 años, quien estaba en la unidad de alquiler acompañada de Carlos E.P.C., de 22 años, y otra menor, manifestó que su hijo había sido levantado y torturado por dos sujetos, quienes después de lastimarlo lo abandonaron en las inmediaciones de una tienda de autoservicio, donde ellos lo encontraron.
Sin embargo, durante la entrevista con las autoridades, la mujer y el conductor del taxi cayeron en una serie de contradicciones, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades ministeriales para investigar los hechos.
Al estar recibiendo atención médica, el niño tímidamente dijo al personal médico que fueron su hermano y su madre quienes lo quemaron.
Debido a que la trabajadora social del Hospital General se negó a firmar los señalamientos en tiempo y forma, las autoridades ministeriales se vieron imposibilitadas para consignar a las personas señaladas como responsables de este hecho y sólo fueron puestas a disposición del Centro de Retención Social “El Torito” por faltas administrativas, en lo que las autoridades ministeriales determinan su situación jurídica.
