Sólo seis de 18 organizaciones aprovechan subsidios 

Ulises ARROYO

JOSE MARIA MORELOS, 11 de julio.- La regularización de las mototaxis en este municipio entró en una etapa

decisiva; sin embargo, sólo seis de las 18 organizaciones que operan actualmente en la geografía local aprovecharon los apoyos fiscales y administrativos para ponerse en regla.
Las agrupaciones participantes accedieron a subsidios gubernamentales y a la condonación total de rezagos, multas y recargos, con lo que avanzaron de forma significativa en el proceso de emplacamiento de sus respectivas unidades de pasaje. El director municipal de Transporte, José Luis Flota Hernández, informó que alrededor del 70 por ciento de los transportistas que firmaron el convenio correspondiente ya concluyeron satisfactoriamente este trámite de control vehicular.
El funcionario explicó que el proceso de emplacamiento se ha venido realizando de manera paulatina y en distintas etapas para beneficiar a las seis organizaciones participantes, manteniendo las mesas de trabajo abiertas hasta que la totalidad de sus motocarros quede debidamente regularizada ante la ley estatal. Entre las agrupaciones que se incorporaron en las últimas semanas se encuentra la Federación de Sindicatos de Obreros y Campesinos (FESOC), la cual ya entregó el expediente con la documentación necesaria y está en espera de recibir los metales correspondientes.
El avance, sin embargo, deja una diferencia muy marcada entre los prestadores de servicios del municipio, ya que una docena de organizaciones decidió mantenerse por completo al margen del proceso de ordenamiento, a pesar de las facilidades y los incentivos económicos disponibles en la mesa de negociación.
Flota Hernández destacó que José María Morelos fue el único municipio de todo Quintana Roo donde el trámite de regularización recibió un subsidio de hasta el 100 por ciento por parte de las autoridades, una medida extraordinaria con la que se buscó reducir de manera directa los costos operativos que enfrentan los transportistas de las zonas rurales para legalizar sus unidades ligeras.
Finalmente, mientras las seis agrupaciones participantes se acercan a concluir el proceso en este año 2026, permanece pendiente la situación jurídica y operativa de las organizaciones disidentes que no se sumaron a la convocatoria, así como el destino de las unidades que continúan circulando y brindando el servicio público sin completar su regularización obligatoria.