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Es el que hoy embarga a todos los que laboramos en Diario de Quintana Roo, ante la irreparable pérdida de la señora Reina Isabel González Caamal, una gran mujer cuyo legado de lealtad, entrega y compromiso, indudablemente, será muy difícil de igualar.
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Y en toda la extensión de la palabra, resultará la integración de Quintana Roo al Proyecto Nacional de Reforma a Tres Sectores Prioritarios, el cual premitirá que los emprendedores, empresarios y particulares tengan mejores oportunidades para establecer sus negocios en materia de turismo, construcción e infraestructura y transporte, mediante las facilidades que les ofrece la mejora regulatoria.
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El de la nueva Ley de Movilidad es el que, invariablemente, de ninguna manera puede perderse de vista, menos aún cuando se trata de un ordenamiento que no es producto de una iniciativa del Poder Ejecutivo, sino de un trabajo que encabezó la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) en la XV Legislatura del Congreso del Estado, con la participación de todos los sectores de la sociedad, incluidos los propios taxistas.
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Es el que ayer otorgó la XV Legislatura del Congreso del Estado al Poder Ejecutivo, a fin de que pueda adquirir el equipamiento y la tecnología necesaria para llevar al cabo el proyecto “Quintana Roo Seguro”, a través de un esquema de arrendamiento puro con compromisos de pago plurianuales.
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La que por muchos años prevaleció en el otorgamiento de concesiones del servicio público de transporte en la entidad, es la que será desterrada para siempre con la entrada en vigor de la nueva Ley de Movilidad aprobada ayer por el Congreso del Estado.
Y es que tal y como damos cuenta en la edición que tiene usted en sus manos, dicho ordenamiento, el cual busca garantizar a los quintanarroenses un transporte de calidad, infraestructura, mejores condiciones administrativas y la prestación de servicios que partan y tengan como objetivo primordial la satisfacción del ciudadano, contempla que la facultad que actualmente tiene el Gobernador, se transfiera al director general de lo que será el Instituto de Movilidad del Estado, a fin de que el otorgamiento de las concesiones responda a factores estrictamente técnicos y sociales, y no a favores políticos.