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La que desde el inicio de su gestión ha marcado el desempeño de Flavio Carlos Rosado, es la que ha permitido que la delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en los últimos cuatro años, haya logrado un superávit en sus finanzas, producto de la confianza manifiesta de la iniciativa privada en el cumplimiento del pago de sus cuotas obrero-patronales.
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Es el que ayer reiteró el Gobernador Carlos Joaquín González a los quintanarroenses, a fin de seguir trabajando unidos para que el turismo genere más y mejores oportunidades para todos y no sólo para unos cuantos.
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La de un proyecto educativo certero, de experiencias exitosas que desarrolle conocimiento y fructifique sabiduría, con libertad intelectual y que impulse el desarrollo de una economía competitiva para el Estado, es la que ayer garantizó el rector de la Universidad de Quintana Roo (Uqroo), Angel Rivero Palomo, al delinear los objetivos de un ambicioso plan prospectivo que tendrá vigencia hasta el año 2030.
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Es la que, lamentablemente, continúa prevaleciendo en el caso de las escolleras del hotel Grand Velas del municipio de Solidaridad, ya que a casi dos meses y medio de corroborarse el grave daño que causaron al litoral costero de la Riviera Maya, hasta el momento la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) continúa haciéndose a la desentendida en cuanto a las sanciones que habrá de aplicar a sus responsables.
Y es que si bien el pasado día dos de los corrientes se realizó la clausura parcial temporal del proyecto denominado “Restauración de la Línea de Costa Punta Beté”, perteneciente al citado centro de hospedaje, por obras no contempladas en su Autorización de Impacto Ambiental expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la fecha se desconoce cuál fue la resolución que se emitió dentro del proceso administrativo correspondiente, lo cual, sin lugar a dudas, no deja de llamar la atención, ya que pareciera que la dependencia, una vez que dichas barreras artificiales fueron retiradas, hoy está apostando a que todo quede en el olvido.
En este sentido, no se puede menos que cuestionar que en el caso de los pequeños propietarios de Bacalar y de la Bahía de Chetumal que también han sido objeto de clausuras en los últimos días, por presuntas violaciones a la normatividad ambiental vigente, la Profepa haya actuado con total celeridad, mientras que en lo que se refiere a los grandes consorcios hoteleros del Norte de la entidad, al momento no se tengan a la vista acciones concretas que permitan afirmar que, en efecto, recibirán el castigo que se merecen.
Al respecto, tampoco se puede soslayar que han sido los propios ambientalistas quienes han cuestionado las dos pesas y dos medidas que continúa utilizando la instancia en cuestión para cumplir con su responsabilidad en Quintana Roo, acentuando las sospechas de que su labor de cuidado al medio ambiente, más que apegarse estrictamente a lo que marca la Ley, responde a otros intereses.
Con base en lo anterior, no queda más que esperar que este llamado de atención no se eche en saco roto y, a la brevedad posible, dado el tiempo que ha transcurrido, en el caso particular del hotel Grand Velas, la Profepa demuestre, en los hechos, que no habrá borrón y cuenta nueva.
¿No lo cree así, amable lector?
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Así resulta que mientras los grandes consorcios hoteleros, de manera por demás impune, continúan atentando contra la invaluable riqueza natural de Quintana Roo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) esté más preocupada en sancionar a los pequeños propietarios que, en las más de las veces, son hostigados y vejados en sus derechos más elementales bajo el ya conocido pretexto de “hacer valer la Ley”.