Plantean candados ante posibles fraudes
Ulises ARROYO
PLAYA DEL CARMEN, 18 de septiembre.- Tras establecer la obligatoriedad de una matrícula para los agentes
inmobiliarios de Quintana Roo, representantes del sector buscan avanzar hacia una regulación más estricta de los desarrollos para proteger las inversiones, reducir riesgos de fraude y evitar afectaciones a la imagen del estado ante compradores nacionales y extranjeros.
Enrique Domínguez, integrante del Consejo Inmobiliario Estatal, señaló que la industria ha experimentado un crecimiento exponencial durante la última década, particularmente en los últimos cinco años, con un aumento importante en el número de proyectos habitacionales.
Este crecimiento, explicó, ha llevado al sector a trabajar con autoridades estatales y municipales para establecer mayores controles sobre los proyectos y ofrecer certeza tanto a inversionistas y desarrolladores como a los compradores finales.
Los trabajos se realizan con la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) y los Ayuntamientos, con el objetivo de construir mecanismos que permitan ordenar la actividad y disminuir los riesgos de las operaciones inmobiliarias.
Domínguez explicó que la regulación no debe limitarse a exigir la matrícula a los agentes, sino proporcionar herramientas legales y financieras que permitan conocer quién se encuentra detrás de cada desarrollo y bajo qué condiciones se administran los recursos.
Entre las alternativas mencionó el crowdfunding o financiamiento colectivo mediante plataformas digitales y la utilización de fideicomisos regulados.
Estos esquemas permiten mantener los recursos bajo mecanismos fiduciarios y liberarlos conforme avanzan las obras, lo que establecería mayores controles sobre el uso del dinero aportado por los inversionistas.
Uno de los principales problemas que enfrenta actualmente el sector, señaló, son los retrasos en la entrega de viviendas y desarrollos, situaciones que frecuentemente derivan en reclamos de los compradores hacia los propios agentes inmobiliarios.
Por esta razón, consideró indispensable que antes de comercializar una propiedad los agentes conozcan la estructura y antecedentes del proyecto, así como a las personas o empresas responsables de su ejecución.
“La idea es tener bases sólidas para que los agentes no generen operaciones sin saber quién está detrás del desarrollo inmobiliario”, explicó.
Domínguez reconoció que ningún proyecto está exento de eventualidades, debido a que factores como retrasos en materiales, permisos pendientes o dificultades durante las obras pueden modificar las fechas originalmente previstas.
Ante estos escenarios, consideró fundamental mantener comunicación permanente entre desarrolladores, agentes y compradores para informar oportunamente sobre el avance de las obras y cualquier cambio en los tiempos de entrega.
El objetivo, sostuvo, no es eliminar completamente los riesgos que implica invertir en propiedades durante etapas tempranas de construcción, sino establecer mecanismos para que éstos sean controlados, transparentes y cuenten con respaldo jurídico.
Con una regulación más sólida, el sector pretende fortalecer la confianza en el mercado inmobiliario de Quintana Roo y evitar que operaciones irregulares o posibles fraudes perjudiquen a compradores, desarrolladores y a la reputación internacional del estado como destino de inversión.
