Tras venta ilegal de terrenos en Bacalar

Ulises ARROYO

BACALAR, 9 de julio.- Autoridades del ejido de Bacalar interpusieron una denuncia formal ante

la Fiscalía General del Estado luego de detectar que una fracción de tierras de uso común, destinada exclusivamente a labores agrícolas, fue fraccionada y comercializada sin algún tipo de permiso. El caso, que ya es investigado por el Ministerio Público, mantiene en vilo a más de 130 núcleos familiares que compraron esos predios sin saber que la operación carecía de sustento legal.
El comisario ejidal, Refugio Cano Gómez, explicó que el terreno en cuestión, de tres hectáreas, había sido asignado años atrás únicamente para el cultivo de maíz y frijol, bajo un esquema de usufructo que en ningún momento autorizaba su venta ni su uso con fines habitacionales o comerciales. Fue precisamente ese documento de usufructo, dijo, el que se utilizó de manera indebida para simular una propiedad inexistente y ofrecer los lotes en el mercado.
Según el relato de las autoridades ejidales, quien tenía el resguardo del terreno se presentó ante los compradores como dueño legítimo y, además, cedió una porción de la tierra a una segunda persona para que ésta continuara con el fraccionamiento y la venta de los lotes. Ninguna de las dos partes contaba con autorización del ejido para modificar el uso de suelo, requisito indispensable para que un terreno agrícola pueda destinarse a otro fin.
Los predios vendidos se localizan a poco más de dos kilómetros del Centro de Bacalar, en una zona que hasta ahora no dispone de introducción de agua potable, drenaje ni energía eléctrica.
condiciones que en teoría deberían haberse resuelto antes de cualquier intento de urbanización.
Cano Gómez precisó que las pesquisas de la Fiscalía se enfocaron inicialmente en dos personas señaladas como responsables del fraccionamiento irregular. Sin embargo, una de ellas fue exonerada después de que las investigaciones confirmaran que no tuvo ninguna participación real en los hechos y que su nombre había sido involucrado de forma equivocada.
El comisariado añadió un dato relevante para entender el desenlace del caso al interior de las estructuras sociales de la región: dirigentes del movimiento Antorchista notificaron que el señalado como principal responsable ya no pertenece a esa organización, de la que fue separado en cuanto se conocieron las irregularidades en el manejo de las tierras.
Para las autoridades ejidales, el desenlace más doloroso del caso recae en las familias compradoras. Muchas de ellas, explicó Cano Gómez, decidieron adquirir los lotes atraídas por precios considerablemente más bajos que los del mercado formal, con la intención de asegurar un patrimonio propio. Hoy, sin embargo, se encuentran sin ningún documento que acredite legalmente la posesión de sus terrenos, en una situación de incertidumbre que podría prolongarse mientras avanza la indagatoria.
El episodio reabre la discusión sobre los controles internos con que cuentan los núcleos ejidales del municipio para supervisar el destino de sus tierras comunes. Voces locales coinciden en que fortalecer esos mecanismos de vigilancia es la única vía para impedir que maniobras de este tipo, basadas en documentos mal utilizados y en la simulación de propiedad, sigan poniendo en riesgo el patrimonio de comunidades enteras.