Usuarios del Monte de Piedad
Ulises ARROYO
CHETUMAL, 23 de junio.- La prolongada suspensión de actividades en las sucursales del Nacional
Monte de Piedad mantiene en vilo a decenas de usuarios que, pese a haber cubierto refrendos e intereses durante ocho meses, no han podido recuperar las prendas y objetos que empeñaron antes del paro laboral. La incertidumbre se intensificó este fin de semana tras un nuevo comunicado de la institución que, aunque permite el pago de refrendos por vías alternas, ratifica que la entrega física de bienes quedará condicionada a la reapertura de las oficinas.
Uno de los afectados aseguró haber liquidado casi ocho mil pesos y aún no ha recuperado sus alhajas. Historias similares se repiten entre pignorantes que, además de joyas, tienen retenidos equipos electrónicos y herramientas de trabajo cuya ausencia impacta directamente en su economía diaria.
La institución ha insistido en que los artículos no serán puestos a la venta mientras dure la huelga y que los intereses ordinarios continuarán generándose conforme a lo pactado en cada boleta de empeño, aunque aclaró que no aplicará comisiones moratorias adicionales a quienes paguen en tiempo y forma. Esa garantía, sin embargo, no calma a quienes necesitan la devolución inmediata de bienes ya liquidados o que dependen de herramientas para su empleo.
La falta de atención presencial ha complicado la verificación de saldos y la resolución de discrepancias en los cobros; usuarios relatan dificultades para obtener estados de cuenta claros y para confirmar que sus pagos se han aplicado correctamente. Ante ello, organizaciones civiles y representantes de los afectados han exigido transparencia sobre el inventario retenido y un calendario preciso para la reanudación de servicios que permita planear la recuperación de pertenencias.
Mientras persista la suspensión de labores, la recomendación institucional de utilizar canales alternativos de pago choca con la realidad de quienes requieren la entrega física de sus objetos. La expectativa ahora se centra en que las partes involucradas, dirección del Monte de Piedad, sindicatos y autoridades laborales, acuerden un mecanismo que garantice la seguridad de los bienes y la atención presencial para resolver los casos más urgentes.