Sobre consulta pública, secretario de Morena

 

Cecilia SOLIS

BENITO JUAREZ, 26 de diciembre.- “Es un triunfo de la ciudadanía, de la razón y la justicia”, destacó el secretario general de Morena en la entidad, Jorge Parra Moguel, el hecho de que el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) haya confirmado el acuerdo del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), mediante el cual se determinó la procedencia de una consulta popular en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad y Puerto Morelos para la revocación de la concesión a la empresa Aguakan.


El dirigente morenista subrayó que es relevante que por unanimidad de votos, el Teqroo haya aprobado desechar los medios de impugnación presentados para frenar dicha consulta.
Asimismo, condenó que la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V., conocida como Aguakan, no cumpla con las cláusulas del contrato de concesión que le fue otorgado.
Consideró que en las elecciones del próximo año se acabará con una empresa corrupta y depredadora que recibe más de dos mil millones de pesos de ganancia y no invierte nada en mejorar los servicios ni en infraestructura.
“Esto es el resultado de las miles de quejas ciudadanas por las afectaciones económicas, ambientales y sociales que les causa la mala operación del servicio por parte de Aguakan”, sostuvo Parra Moguel al tiempo que recordó que la senadora quintanarroense, Marybel Villegas Canché es la impulsora de la iniciativa de consulta popular #FueraAguakan.
Refirió que más de 50 mil ciudadanos participaron en la consulta y que esta demanda ciudadana tendrá consecuencias jurídicas, gracias a la iniciativa de reforma a la Ley de Consulta Popular impulsada por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, apoyada por los legisladores de Morena y aprobada recientemente por ambas Cámaras del Congreso de la Unión.
El secretario general de Morena en la entidad señaló que en términos legislativos, la consulta popular es el mecanismo de participación ciudadana que sirve para ejercer el derecho constitucional para votar en torno a temas de trascendencia nacional de manera que su voluntad, vinculante conforme dicte la Ley, pueda incidir en el debate y las decisiones que adoptan los órganos representativos del Estado.