De sentenciado por trata de personas

Gabriel alcocer

BENITO JUAREZ, 14 de febrero.- El titular de la Fiscalía General del Estado, Oscar Montes de Oca Rosales, indicó que,

si bien hace unos días se le dictó una sentencia de 25 años de cárcel a un sujeto apodado “El Joker”, por el delito de trata con fines de explotación sexual, dicha sanción podría aumentar, ya que aún quedan por resolver dos carpetas de investigación contra el imputado.
“La sentencia que se dio fue por el caso de una menor de edad en donde el sujeto fue detenido en flagrancia, pero se le podrían aumentar más años al estar abiertas otras dos carpetas de investigación por otros delitos similares, contra otra menor y un adulto”, agregó.
Entrevistado al respecto, el ya citado explicó que estos dos últimos casos surgieron de una investigación que se inició desde la cárcel de esta cabecera municipal, al seguir la pista a una llamada telefónica desde un teléfono celular, siendo que, al ser ubicada la señal y el aparato, hubo vinculación directa con “El Joker”.
“Se esperará que estos dos procesos concluyan para que, en caso de que también sea hallado culpable, la sanción que determine el juez sea añadida a la sentencia anterior”, afirmó.
En otro orden de ideas, el Abogado del Estado abordó el tema del denominado Protocolo de Palermo y los convenios realizados a nivel local.
“Este protocolo surge como una pauta a las autoridades de cómo se lleva a cabo una investigación y cuando las mujeres, al estar vulnerables, muchas veces se prestan a realizar algunas actividades ante la necesidad para sobrevivir”, explicó.
Al respecto, sostuvo que dicha vulnerabilidad, aunque ellas lo refieran ante un juez, la Fiscalía la tiene que acreditar en cuanto a un contexto de necesidad, vulnerabilidad y demás, valorando esa circunstancia con perspectiva de género.
“Muchas veces esos sujetos mantienen bajo amenazas a sus víctimas con dañarlas o les ofrecen dinero para que no declaren en su contra”, añadió.
Finalmente, Montes de Oca Rosales indicó que este protocolo se activa mediante una argumentación y acreditación ante la autoridad ministerial correspondiente.