“Si se le concede fianza, puede perderse de vista”, asegura: Gobierno mexicano amplía solicitud de extradición y agrega copias de las órdenes de aprehensión giradas por los juzgados de Primera Instancia de Chetumal
Alvaro ORTIZ SALAMANCA
El Tribunal Superior de Apelaciones de Panamá decidirá este miércoles si formaliza el arresto con fines de extradición del ex Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, tras declarar un receso de la audiencia programada este martes, siendo que el fiscal superior de Asuntos Internacionales de Panamá, José Candanedo, solicitó mantenerlo en prisión hasta que se formalice su extradición, al advertir que puede evadirse si le concede la fianza, como ha planteado la defensa del político quintanarroense.
Roberto Borge compareció durante una hora y 24 minutos ante el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá, en donde escuchó que se le acusa de los delitos de presunto aprovechamiento de poder, desempeño irregular de la función pública y peculado mientras fungió como Gobernador de Quintana Roo, de acuerdo con los expedientes que ha acreditado el Gobierno de México.
El Ministerio Público de Panamá reportó en un comunicado previo que el fiscal superior de Asuntos Internacionales, José Candanedo, sustentó el requerimiento de los Estados Unidos Mexicanos por diversos delitos para la extradición, además de presentar la petición del Gobierno mexicano, misma que incluye una ampliación de la solicitud efectuada compuesta por tres anexos que contienen a su vez copias de las respectivas órdenes de aprehensión giradas por tres Juzgados de Primera Instancia de Chetumal.
El motivo de la audiencia para la Fiscalía fue solicitar a los magistrados Andrés Reyes, Greta Marchosky y Mauricio Marín se ordene formal arresto de Borge Angulo y presentar la documentación para formalizar la extradición a México y en esta misma se advirtió al Tribunal que Borge “puede perderse de vista” si se le concede una fianza o una situación distinta al arresto en una cárcel de Panamá.
Por el contrario, los abogados defensores Arturo González Baso y su asistente David Carrillo pidieron una medida cautelar distinta a la detención preventiva o una fianza para su cliente, al tiempo de desestimar la aprehensión formal y la extradición, según dijeron, por carecer de requisitos fundamentales, como el que las solicitudes de detención del Gobierno mexicano no estaban certificadas, que se tratan de juzgados estatales cuando la solicitud de extradición emana de una jurisdicción federal y que la detención enviada por la contraparte no compagina con el acuerdo de extradición bilateral.