De Borge, mediante Secretaría de Relaciones Exteriores

Alvaro ORTIZ SALAMANCA

Por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la PGR solicitó de manera formal al Gobierno de Panamá la extradición del ex Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, a quien se le siguen cuatro causas penales, una de ellas por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita que es del fuero federal y el resto del ámbito común, revelaron fuentes de la Procuraduría General de la República (PGR).

La Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR ha sido la entidad que lleva a cabo este protocolo y ya han tenido una respuesta de que el Gobierno de Panamá ya realiza los trámites para entregar al ex Gobernador de Quintana Roo, quien está recluido en el Centro de Rehabilitación el Renacer, ubicado en Gamboa, a 40 kilómetros de la ciudad de Panamá.
Las fuentes de la PGR confirmaron la petición se realizó en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y que esta corresponde a cuatro causas penales la primera del fuero federal, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y las tres restantes por causas del fuero común, por lo que hace a los delitos de peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la función pública.
Desde el pasado 5 de junio, Roberto Borge Angulo fue detenido en el aeropuerto de Panamá por la Interpol, cuando se disponía a abordar un vuelo a la ciudad de París. La orden de aprehensión fue ejecutada sin que el ex mandatario se resistiera; un día después de su detención el Tribunal Superior de Apelaciones de Panamá calificó como legal la detención del ex Gobernador y estableció un plazo de 60 días al Gobierno de México para formular la solicitud de extradición.
La carpeta de investigación que abrió la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) es por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por tales hechos la PGR aseguró como medida precautoria 25 inmuebles.
De acuerdo con la investigación existen irregularidades en el proceso de enajenación de los inmuebles, que en suma su valor comercial es de cinco mil millones de pesos, pero que fueron vendidos por el 6% de su valor real, los terrenos fueron desincorporados del desaparecido Instituto de Patrimonio Inmobiliario Estatal (Ipae) y vendidos a personas cercanas del ex Gobernador, entre otros prestanombres.
Una vez analizada la petición por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, este jueves 27 de julio se turnó la petición formal de extradición a la Fiscalía Superior de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la Nación de aquel país. “En razón de lo anterior, se está en espera de que la Fiscalía Superior de Asuntos Jurídicos solicite al Tribunal Superior de Apelaciones de Panamá de fecha de audiencia para la prosecución legal del procedimiento, lo cual se espera ocurra en los próximos días”, explicó la PGR.