CIUDAD DE MÉXICO, 26 de febrero.- La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció porque, dados los abusos y las  irregularidades en que ha incurrido, la empresa Aguakan entregue la concesión que le fue otorgada para prestar el servicio de agua potable y alcantarillado en la Zona Norte de Quintana Roo.

"Ustedes saben que nosotros no estamos de acuerdo con la privatización del agua, eso es lo primero. Consideramos que no es la opción para acceder al derecho humano al agua. Durante un periodo se puso en algunos Estados de la República de moda privatizar los servicios municipales, en la idea de que, como el privado hace mejor las cosas que el público, que es toda una concepción neoliberales, iba a ser mejor el servicio, pero eso no ocurrió prácticamente en ningún lado", resaltó la Jefa de la Nación.

En el marco de la tradicional "Mañanera del Pueblo" en Palacio Nacional y al referirse al caso particular de Cancún, la titular del Ejecutivo Federal dijo que "es un abuso lo que ha estado haciendo esta empresa, un abuso. Ni cumplen con el derecho humano al agua, pero sí cobran las tarifas como quieren".

Al abundar al respecto, la primera mandataria del país expresó su respaldo al pueblo de Quintana Roo y a la Gobernadora del Estado, Mara Lezama Espinosa, a fin de que Aguakan entregue la concesión, ya que, en realidad no se puede hacer negocio con el agua.

"El agua es un derecho humano, la gente paga por el servicio de agua potable, por llevar el agua de un lugar a otro, porque tiene sus costos, pero privatizarla para que haya ganancias para un privado en el supuesto de que va a operar mejor, pues en realidad no ha funcionado y no tiene sentido, y menos en este caso. Entonces, que siga todo el litigio. Y lo mejor para la empresa sería entregar la concesión", remarcó Sheinbaum Pardo.

Ante esta postura, el Gobierno del Estado presentó un posicionamiento en el que, a través de su Consejería Jurídica da cuenta de todos los antecedentes de este caso y de las irregularidades en la ampliación de la concesión a la empresa en cuestión durante el sexenio del ex Gobernador Roberto "N", hoy preso en un penal de Morelos, destacando que, de forma facciosa y parcial, se ha difundido un encuentro entre representantes de Aguakan y del Ejecutivo, el cual se celebró a petición del consorcio teniendo
como premisa fundamental el argumento de una
posible afectación al público inversionista de las Afores; sin embargo, dejó en claro que las acciones que la autoridad estatal ha
emprendido en ningún momento han implicado
acoso ni acuerdo alguno, siendo que la verdadera razón de la reunión fue la salvaguarda de parte del Estado de
las inversiones de las Afores y de los derechos laborales de las y los trabajadores.

"En el único momento que se habló de montos, fue para determinar el valor de las inversiones en
activos y garantizar los derechos de las y los
trabajadores. Fue la empresa quien ofreció la posibilidad de que
el Estado adquiriera a Aguakan, a lo que
categóricamente se les respondió que no,
que la concesión debía terminar", resalta el documento.

De igual forma, en el mismo se indica que el actuar de la autoridad, "por la vía legal, de
ninguna forma constituye un riesgo a la inversión privada y mucho menos a las Afores, por el
contrario, dichos inversionistas son posibles víctimas de los hechos realizados por ciertos accionistas y administradores quienes
desplegaron conductas ilícitas tanto para la
prórroga y ampliación de la concesión referida, como en el deficiente servicio que prestan a las y
los quintanarroenses", puntualizando que "los actos realizados por el Gobierno, como son la
presentación de denuncias ante la existencia de
posibles hechos de corrupción y lavado de dinero, constituyen el cumplimiento de un deber legal para que
se investiguen a profundidad, pues no se en cubrirá nunca conducta ilícita alguna".

“El patrimonio de las y los quintanarroenses no se vende", remarcó.

Asimismo, dicho posicionamiento precisa que "en Quintana Roo, con la llegada
de la Cuarta Transformación, nunca se comprometerá
el patrimonio del pueblo. El agua es un derecho humano, no un privilegio y menos un instrumento para
el enriquecimiento de unos cuantos".

Finalmente, la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado indicó que "como lo dijo la primera Presidenta Mujer de este país,
el interés público debe prevalecer sobre cualquier interés privado. No olvidemos que la voluntad del
pueblo es el principal pilar del actuar de este Gobierno. Nadie por encima ni al margen de la Ley; donde la razón
asiste al pueblo, tendrá un Gobierno que lo defienda hasta sus últimas consecuencias".