Sobre extinción de dominio, logra Fiscalía
Fernando OLVERA DEL CASTILLO
BENITO JUAREZ, 17 de enero.- El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Oscar Montes de Oca Rosales, confirmó que, por primera vez en
la historia de Quintana Roo, la dependencia a su cargo consiguió de un juez una sentencia sobre la extinción de dominio de un inmueble ubicado en el cruce de las avenidas José López Portillo y Tulum de esta cabecera municipal, el cual era utilizado para actividades de narcomenudeo.
Durante una entrevista radiofónica, el antes citado hizo mención del gran paso que representa dicha sentencia, la cual se logró mediante un procedimiento jurisdiccional de naturaleza enteramente civil y autónomo del penal que se sigue en cuanto a los presuntos ilícitos cometidos en el predio en cuestión.
El funcionario expuso que esta sentencia deberá servir como ejemplo para todos los ciudadanos que se dedican al arrendamiento de sus bienes, a fin de que estén muy atentos sobre los mismos y, más importante aún, a quienes se los están entregando y para qué están siendo utilizados.
“Sin lugar a dudas, este es un buen paso para el Estado que se logró con base en la Ley nacional recién publicada y, bueno, deberá sentar un precedente para que los dueños de los inmuebles estén atentos a sus bienes, el uso que les dan y a que se dedican las personas a las que se los arrendan”, remarcó.
En este sentido, Montes de Oca Rosales, quien también informó que en la última semana fueron detenidos 94 presuntos delincuentes, sostuvo que ante dicha sentencia se espera que el propietario del inmueble en cuestión recurra a los recursos de apelación que le ofrece la Ley; sin embargo, confió en que una vez que estos sean desahogados, y dados los argumentos que presentó la Fiscalía, la misma quede firme.
Finalmente, el Abogado del Estado confirmó que actualmente se tienen otros dos juicios civiles en marcha sobre igual número de predios, uno ubicado en la Quinta Avenida de Playa del Carmen y el otro en esta cabecera municipal, ambos relacionados con el delito de trata de personas y pornografía infantil.