Garantiza objetividad y estricto apego a derecho en la información que proporciona a los ciudadanos

Fernando OLVERA DEL CASTILLO

La Fiscalía General del Estado (FGE), por medio de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, desmintió ayer algunos rumores que surgieron en cuanto a los procesos penales que se siguen en contra de ex funcionarios de la anterior administración estatal.

En un comunicado de prensa, la dependencia sostuvo que en el caso del ex Gobernador Roberto “N” no existen modificaciones ni suspensión, y es así como el proceso se mantiene y se conservan vigentes las órdenes de aprehensión que pesan en su contra, es decir, está en calidad de capturable.
En este sentido, aclaró que los 85 millones de pesos que se han mencionado en algunos medios de comunicación no significan que no sea juzgado por los delitos por los que fue extraditado, los cuales fueron cometidos en contra del Estado.
“Roberto ‘N’ debe comparecer ante las instancias judiciales en la ciudad de Chetumal”, remarca el documento.
Ahora bien, en el caso de la ex directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), Paula “N”, la citada instancia precisó que continúa en prisión preventiva justificada y el proceso judicial se mantiene a efecto de lo que pueda determinar el juez de Control.
Asimismo, la FGE puntualizó que como ya se ha informado puntalmente, en las carpetas de investigación del ex director general de la empresa VIP Saesa, Carlos “N”, y la ex titular de Recursos Financieros de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), Ana “N”, un juez de Control de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal decretó cambiar las medidas cautelares que les fueron impuestas, esto a partir de la propia facultad del juzgador, autorizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y de acuerdo con lo plasmado en el Artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual señala la legalidad del uso del arresto domiciliario para los fines en que este aplique o se necesite.
En este punto, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción precisó que el procedimiento que se llevó con los dos imputados arriba señalados se refiere una facultad y no a un amparo, por lo que en todo momento informará con objetividad, claridad y conforme a derecho a la ciudadanía.
Finalmente, el boletín en cuestión indica que debido a la calidad de interés que generan estos casos, se continuará procurando que la sociedad sea informada de cómo se está llevando a cabo cada uno de estos, con la finalidad de que no exista duda sobre los procesos de judicialización correspondientes, mismos que se están desahogando con estricto apego a la Ley.