Abogados de la empresa Maioris promueven amparo ante Juzgado Tercero de Distrito
Fernando OLVERA DEL CASTILLO
El Juzgado Tercero de Distrito admitió la demanda de amparo que promovieron los apoderados legales de la empresa Maioris Cancún, S. de R.L. de C.V., ante la falta de respuesta del Organo Interno de Control de la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de la queja administrativa que interpusieron en contra de la fiscal del Ministerio Público, Nathaly Robertos Pérez, a quien señalan de entorpecer la acción de la justicia, bajo la presunta complicidad del magistrado Carlos Lima, en contra de los imputados por el intento de despojo de que fue objeto un ciudadano español de nombre Jesús Felipe Boyero Aragón, propietario de un lujoso departamento con valor superior a los 300 mil dólares.
Datos recabados por el que esto escribe confirmaron que una vez que dicha instancia dio entrada a este recurso, marcado con el número 363/2018, será el próximo día 22 de los corrientes cuando se celebre la audiencia constitucional en la que los promoventes expondrán a detalle sus argumentos.
Como dimos a conocer con oportunidad, en días pasados los abogados agraviados interpusieron la queja en cuestión ante el Organo Interno de la Fiscalía General del Estado (FGE), misma que radica en la supuesta actuación irregular de Robertos Pérez para impedir el ejercicio de la Ley en contra de Israel Gutiérrez Ramírez y José Luis Enciso Bernal o José Luis Medina Bernal, quienes mediante el uso de documentos falsos pretendieron arrebatar a Boyero Aragón el inmueble ya mencionado, ubicado en el exclusivo complejo Maioris Tower de Puerto Cancún.
En este sentido, se sabe que el punto medular de este recurso radica en que, a decir de Francisco Siman Carpio y Antonio Garza Flores, la funcionaria actuó con evidente parcialidad en la integración de la carpeta de investigación relativa a la denuncia penal que tanto Enciso Bernal o Medina Bernal, como Gutiérrez Ramírez y Reiner Romero Pavón, con el supuesto conocimiento del magistrado Lima, interpusieron en su contra con el afán de quebrantar la defensa de Boyero Aragón y su patrimonio, lo cual, a final de cuentas, no consiguieron.
Al respecto, los ya citados sostienen que Robertos Pérez, al margen de las facultades y atribuciones que le confiere la Ley, ocultó por mas de cuatro horas la carpeta de investigación y adicionalmente escondió con dolo una prueba presuntamente obtenida por la Policía Ministerial del Estado en agosto de 2017, para exhibirla hasta noviembre del mismo año, es decir, no se hizo del conocimiento de las autoridades competentes sino hasta dos meses después.
En este punto cabe señalar que la antes mencionada también fue denunciada por uno de los abogados de Maioris Cancún, S. de R.L. de C.V., de nombre David Lozano, por negarse a asegurar los contratos que supuestamente firmó Boyero Aragón, a través de su representante, José Luis Tuliesa, con Romero Pavón, para arrendar por 10 años el departamento en cuestión, siendo que la firma que aparece en el documento y la de la identificación oficial de éste último, son notoriamente distintas.
Aquí no se puede perder de vista que una vez signado dicho documento, Romero Pavón supuestamente celebra un contrato de subarrendamiento por seis años con Israel Gutiérrez Ramírez, empleado de Enciso Bernal o Medina Bernal, y es así como éstos refieren que tienen en posesión el departamento de Boyero Aragón y que lo rentaron legalmente.