El Teqroo, con mesa de análisis

Alvaro ORTIZ SALAMANCA

Con la mesa de análisis “El Derecho al Voto de las Personas en Prisión Preventiva”, el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) celebró el 11º y último Diálogo por la Democracia, con la participación de panelistas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Senado de la República, mismo que moderó el magistrado presidente, Víctor Vivas Vivas.

Se contó con la participación de Felipe de la Mata Pizaña, magistrado del TEPJF; Adriana Favela Herrera, consejera del INE y Noé Castañón Ramírez, senador del Congreso de la Unión en la LXIV Legislatura.
El magistrado presidente, Víctor Vivas Vivas, dio la bienvenida y agradeció a todos los que semana a semana estuvieron presentes en este Programa de Diálogos por la Democracia, con el cual se busca abonar a la divulgación de la cultura democrática.
Dijo que la Sala Superior del TEPJF, al resolver el paradigmático expediente mejor conocido como caso Pedraza Longi, determinó que respecto al principio de presunción de inocencia, los derechos político-electorales de las personas sujetas a un proceso criminal, debían mantenerse intocados, siempre y cuando el ciudadano esté libre bajo caución. Si bien este asunto fue de gran trascendencia en su momento, se mantuvo la prohibición para que las personas detenidas en prisión preventiva ejercieran su derecho al voto activo.
Agregó que esto quedó superado, con lo resuelto en el expediente conocido como caso Tsotsiles, en el cual se determinó que tanto el derecho al voto activo como el principio de presunción de inocencia están garantizados en la Constitución federal y diversos tratados internacionales, por lo que vinculó al INE para que implemente las acciones necesarias a fin de que las personas sujetas a un proceso penal, que están en prisión preventiva y que no cuentan con una sentencia condenatoria, puedan ejercer su derecho a votar.
Felipe de la Mata Pizaña habló del contexto y las diversas aristas que fueron atendidas en la sentencia del caso Pedraza Longi. “Es verdad que será mucho el trabajo a realizar, por parte del INE, porque no existe un padrón de personas en prisión que no hayan sido sentenciadas, pero será una gran noticia porque podremos tener rastros estadísticos de cuántas personas están en esta situación. Si bien, la sentencia no tenía este fin, me parece que va a tener a su vez una gran motivación, que es identificar el caso y la circunstancia de cada una de las personas que se encuentran en el sistema penitenciario, me parece que toma en cuenta lo más importante, los derechos humanos de este grupo que evidentemente esta en desventaja”, aseguró.
Reconoció que esta sentencia implicó un reto de interpretación, la posición del juez pasiva o activa de interpretación y análisis constitucional moderno, y ante estas dos opciones, los cuatro jueces, que votaron a favor, no se conformaron con una interpretación formal y anticuada, sino buscar fundamentalmente proteger a un grupo al que tradicionalmente se le han violado los derechos humanos.