Todo indica que prevalecerían abusos en servicio de grúas

Fernando OLVERA DEL CASTILLO

De una manera atinada e inteligente, pero sobre todo pensando en el derecho que tienen los ciudadanos de Quintana Roo de recibir servicios de la más alta calidad, el Gobierno del Estado, por medio de la Secretaría de Infraestructura y Transporte

(Sintra), y en voz de Alejandro Ramos Hernández, director de Comunicaciones y Transportes de la misma, confirmó que a partir de ahora el usuario podrá escoger a la compañía de grúas, debidamente concesionada, que más le convenga, lo cual, sin lugar a dudas, ha desatado infinidad de comentarios positivos, ya que esta medida, en esencia, permitirá acabar con los abusos que por muchos años prevalecieron en el sector.
No obstante lo anterior, resulta por demás reprobable que, de nueva cuenta, la camarilla comandada por Erick Borge Yam, de Grúas Riviera, y José Cardona Musa, con el afán de proteger sus intereses económicos, y en complicidad con Juan Martín Rodríguez Olvera, director de Seguridad Pública y Tránsito de Playa del Carmen, así como con el jefe del Departamento de Peritos de Cancún, Plinio Garduño, intenten someter al ciudadano estableciendo tiempos límites para que este pueda tomar la decisión de qué compañía de grúas escoger y contratar, en caso de así requerirlo.
Datos recabados por el que esto escribe señalan que de proceder a establecerse dicho límite de tiempo, luego de que se suscite un accidente o cualquier hecho de tránsito, las autoridades encargadas de atender los siniestros como Juan Martín Rodríguez Olvera y Plinio Garduño, tendrían de nueva cuenta la justificación para seguir favoreciendo, previa “mochada”, a sus “incondicionales”, llámese Grúas Riviera, Grúas Cardona, PECA Vial, Figueroa y demás, lo cual resulta a todas luces incongruente, ya que pese a las reformas que se hicieron para acabar de una vez por todas con las mafias en el servicio de arrastre de vehículos que por más de 40 años han impuesto condiciones, lo cierto es que los ya citados seguirán extorsionando, engañando y mintiéndole a quienes tengan la desgracia de sufrir un percance, en otras palabras, sería como cambiar todo, para que no cambie nada.
Aquí vale la pena destacar que en ningún lugar del mundo se ponen límites de tiempo para que el ciudadano ejerza su derecho de escoger libremente el servicio o la empresa que más le convenga, amén de que, según se dice y se rumora, en el caso específico del jefe del Departamento de Peritos de Cancún, de llegar a aceptarse esto, lo único que se conseguirá es que siga dividiendo el fruto de sus extorsiones al usuario con funcionarios de mayor nivel, entre estos, el propio José Luis Jonathan Yong Mendoza, ex jefe de Seguridad Pública de Benito Juárez y quien ahora se sabe despacha en el Catastro municipal.
Cabe recordar que durante el período de Yong Mendoza la delincuencia aumentó en Cancún de manera alarmante…¿Porqué será?.
Finalmente, y ante este panorama sólo queda preguntarse: ¿Hasta cuándo la ciudadanía tendrá que soportar gente como los antes descritos? ¿Hasta cuándo seguirán haciendo de las suyas estos jefes policiacos que no son policías de carrera y que, en el caso específico de las grúas, sólo se han dedicado a solapar extorsiones, abusos y hasta descarados atracos al patrimonio de los ciudadanos? Las respuestas están en el aire.