Al menos eso dicen invasores de terreno

Fernando olvera del castillo

CHETUMAL, 24 de marzo.- Como se esperaba, este lunes salió a relucir la presunta causa por la que los

seudo abogados Ramiro Hernández y Pablo Guzmán continúan aprovechándose de la supuesta buena fe de la gente, y atentando contra el patrimonio de las y los chetumaleños.
Mientras todos se preguntaban cómo era que le hacían estos dos bribones para pasar “desapercibidos” por la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (Agepro), al invadir cuanto terreno se les pusiera enfrente en esta ciudad, fueron sus propios “inquilinos” del ubicado en la avenida Universidad casi esquina con Ignacio Comonfort, quienes, sin pensarlo, los habrían echado de cabeza.
Resulta que estos delincuentes, supuestamente, se mueven a sus anchas porque, según los testimonios de sus “inquilinos”, presuntamente tienen la “protección” de dos abogados de la Agepro, Luis Alfonso Chi y Wilberth Ortiz, quienes, pese a que su responsabilidad radica en proteger el patrimonio del Estado, al parecer, por varios miles de pesos, se han hecho y se siguen haciendo a los “desentendidos”.
Aquí vale la pena recordar que en el caso del terreno en cuestión, este fue invadido, lotificado y comercializado con todos los servicios como luz, agua corriente, televisión privada y hasta Internet, como una muestra fehaciente de la insultante red de corrupción que Ramiro Hernández y Pablo Guzmán tejieron y sigue operando desde hace más de seis años.
Este lunes, la jornada en el predio en cuestión fue tranquila, aunque con los constantes rumores de que, si la Agepro decide actuar, como es su responsabilidad, quienes ahí habitan lo van a perder todo.
Insistimos, resulta inaceptable que, de acuerdo con el testimonio de las y los invasores, estos seudo abogados supuestamente controlen los procedimientos de Ley de una institución debidamente establecida como la Agepro, la cual está para proteger el patrimonio de las y los ciudadanos, no para lucrar con el mismo.
Con base en lo anterior y ante las evidencias que están a la luz pública, solo resta esperar que los directivos de la Agepro dejen la comodidad de sus escritorios y, en territorio, salgan a dar una explicación detallada del porqué la “tolerancia” a Ramiro Hernández y Pablo Guzmán, ante este caso de despojo verdaderamente grave.