En caso de comprobársele irregularidades en su desempeño como magistrado, señala

Martha TORRERO ORTEGA

Si bien las acusaciones en contra del magistrado Carlos Lima no tienen porqué manchar la buena imagen del Poder Judicial, se hace estrictamente necesario que las mismas se investiguen a fondo y, en su caso, se aplique todo el peso de la Ley, señaló la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Eugenia Solís Salazar.

Al opinar sobre los recursos de queja que pesan en contra del antes mencionado, uno por parte de un ciudadano en lo particular, y el otro interpuesto por los apoderados legales de la empresa Maioris Cancún, S. de R. L. de C.V., la legisladora destacó que corresponderá al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo (TSJ) investigar detalladamente cada uno de ellos, siendo que, a su parecer, sería verdaderamente grave que se llegaran a comprobar los presuntos actos de corrupción que se le atribuyen.
"Aquí hay que dejar muy claro que no por la actuación de este magistrado se puede censurar a todos los integrantes del TSJ, definitivamente, si una vez que concluyan las investigaciones se comprueba que él ha cometido errores, los tendrá que pagar", asentó.
En este sentido, la entrevistada consideró como lamentable que uno de los encargados de impartir justicia en el Estado, hoy esté siendo cuestionado precisamente por actos reñidos con la Ley, de ahí la conveniencia de llegar al fondo del asunto con estricto apego a derecho.
“Como legisladora yo me he mantenido al pendiente del caso y voy a estarlo de los avances que registren las investigaciones que supongo ya están en marcha para esclarecer lo relativo al desempeño de este magistrado”, agregó.
Al respecto, Solís Salazar manifestó que en estos momentos es sumamente importante que se recupere la confianza ciudadana en las instituciones, particularmente en las encargadas de impartir justicia.
“En Quintana Roo se han dado cambios importantes al respecto y esto se tiene que mantener en este sentido, no podemos retroceder a los tiempos de la incertidumbre”, afirmó.
Cabe destacar que si bien se desconocen los motivos del recurso de queja que interpuso el ciudadano ya citado en contra de Lima, se sabe que en el caso del interpuesto por Francisco Siman Carpio y Antonio Garza Flores, la inconformidad radica en que habría incurrido en una actuación irregular al no excusarse de intervenir en la toca penal 83/2017, relativa al intento de despojo de que fue objeto un ciudadano español, propietario de un lujoso departamento en el exclusivo complejo Maioris Tower de Puerto Cancún, a manos de Israel Gutiérrez Ramírez y Jose Luis Enciso Bernal o José Luis Medina Bernal, mediante el uso de documentos falsos.
Como hemos dado a conocer con oportunidad, los agraviados sostienen que fue durante la gestión de Lima como director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPyC) cuando se consumó el fraude inmobiliario en Maioris Tower, es decir, él tenía conocimiento pleno del asunto ya que, incluso, fue señalado en un reportaje que se difundió a nivel internacional como uno de los integrantes de la presunta red de corrupción que se tejió en la administración pasada para llevar a efectos estos ilícitos.