Excluyen testimonio en audiencia estatal

CHIHUAHUA, 18 de octubre.- El ex fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, compareció ante un juez estatal

por las acusaciones de ejercicio ilegal del servicio público y coalición relacionadas con un operativo en El Pinal, municipio de Morelos. Su situación también quedó vinculada con un procedimiento federal por presunta traición a la Patria en materia de seguridad nacional.
La audiencia estatal comenzó alrededor de las 10:30 horas en el Distrito Judicial Morelos, ante el juez Luis Alberto Simental Ortega. La defensa solicitó que el ex funcionario pudiera enfrentar el proceso en libertad y cuestionó que la Fiscalía General del Estado investigara a quien había encabezado esa institución.
El abogado Héctor Villasana Ramírez sostuvo que el asunto correspondía a la Fiscalía Anticorrupción. También señaló que Jáuregui había comparecido voluntariamente ante la Fiscalía General de la República durante mayo.
Durante la audiencia, el juez excluyó una declaración de Guillermo Arturo Zuany Portillo, ex fiscal de Operaciones Estratégicas. La defensa argumentó que ese testimonio podía afectar el derecho a no autoincriminarse, debido a que Zuany también tenía una orden de aprehensión.
El Ministerio Público defendió la declaración porque, según expuso, fue obtenida cuando Zuany tenía calidad de testigo. La decisión judicial retiró ese elemento de la discusión; no representó una resolución sobre la responsabilidad del exfiscal.
Los procedimientos estatal y federal tuvieron actuaciones distintas. Jáuregui fue detenido inicialmente por autoridades de Chihuahua el 17 de octubre. Posteriormente, la FGR formalizó una orden federal relacionada con la presunta participación de agentes extranjeros en tareas de seguridad sin autorización.
La fiscal general Ernestina Godoy atribuyó el caso federal a hechos ocurridos entre el 17 y el 19 de abril en El Pinal. Después de aquel operativo, un accidente carretero dejó cuatro muertos, entre ellos dos estadounidenses. 
Al corte informativo, las acusaciones seguían sujetas a revisión judicial y no constituían una sentencia.