Y suspende pelea de gallos

Alejandro CHAN PUC

FELIPE CARRILLO PUERTO, 18 de diciembre.- Personal del Gobierno del Estado suspendió un evento privado en el que se desarrollaban peleas de gallos, aparentemente bajo consentimiento del Ayuntamiento carrilloportense a pesar de no sólo incumplir las disposiciones sanitarias, sino que también violentaba la Ley de Protección y Bienestar Animal.

Según se pudo confirmar, a las 15:00 horas, habitantes de la colonia Leona Vicario reportaron al número de emergencia 911 el desarrollo de un evento masivo en un local ubicado en la calle 83, entre 52 y 54, por lo que solicitaban la intervención de autoridades debido al alto riesgo de contagio.
Al lugar arribaron elementos de la Policía Quintana Roo y se entrevistaron con los responsables del evento, a quienes indicaron que las actividades masivas están restringidas por disposición del Gobierno del Estado; sin embargo, éstos alegaron que contaban con permisos para el dicho evento.
Tras un diálogo de más de 40 minutos y una serie de llamadas, aparentemente hacia funcionarios de primer nivel del Ayuntamiento, los uniformados se retiraron del lugar, de tal forma que la actividad continuó desarrollándose con normalidad.
Ante la omisión y/o aval por parte del Ayuntamiento, minutos más tarde, arribó personal de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) adscritos a la Jurisdicción Sanitaria Número 03 y fiscales de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), quienes acompañados de elementos de la Policía Quintana Roo irrumpieron el evento.
El titular de la Cofepris en la Zona Maya, Santiago Ku Uc, confirmó que el personal perteneciente al Gobierno del Estado exhortó la suspensión del evento y desalojo del inmueble, toda vez que de su desarrollo incumple las restricciones emitidas por el Gobernador Carlos Joaquín González, además que también violenta la Ley de Protección y Bienestar Animal.
En el lugar se pudo confirmar que los organizadores justificaron la actividad argumentando contar con el aval del gobierno municipal, además que mintieron en cuanto al número de personas en el interior del inmueble, pues aseguraban que únicamente eran alrededor de 40; sin embargo, durante el desalojo se confirmó que habían cerca de un centenar, entre ellos menores de edad, e incluso se expendían alimentos y bebidas embriagantes.
Los habitantes lamentaron que el gobierno municipal permita el desarrollo de este tipo de actividades que ponen en riesgo a la población en general, toda vez que no cumplen con protocolos sanitarios y se desconoce la certeza de permisos, puesto que los organizadores son allegados a funcionarios de la actual administración a cargo de José Esquivel Vargas.