Por supuesto contrato de exclusividad

Francisco HERNANDEZ

COZUMEL, 15 de agosto.- La empresa Ultramar tenía un contrato de exclusividad, desde 2011, que prácticamente le permitía hacer lo que quisiera en el muelle fiscal “San Miguel”; sin embargo, era desconocido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por lo que esta dependencia federal emitió un resolutivo a la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo) que lo invalida, lo que ha metido en serios problemas legales a la dependencia estatal, ya que entre otras penalizaciones, por el incumplimiento del contrato, ahora el Gobierno del Estado tiene que pagarle a la naviera un millón de pesos, por cada día.

A través de este contrato que no fue signado por autoridades del actual Gobierno del Estado, pero que se quiere hacer vigente las penalizaciones descritas, se especifica que la Apiqroo garantiza a la “operadora”, en este caso Ultramar, dos posiciones de atraque para las embarcaciones en el muelle, durante las horas de operación de la terminal, los 365 días, por lo que se concesionaron las posiciones 1 y 2 de la banda sur.
En este sentido, el 19 de octubre de 2016, a través de un oficio dirigido a la Apiqroo por Marco Vinicio Javier Gallardo Espinoza, apoderado de la Naviera Magna S.A. de C.V. en este caso Ultramar, indicaba que hacía del conocimiento de la dependencia el cumplimiento de la cláusula tercera, párrafo segundo, del contrato de prestación de servicios, celebrado el 22 de marzo del año 2011, que harían la sustitución de la embarcación Ultramar I, por un catamarán nuevo denominado Ultramar con 48 metros de eslora, para operar y pernoctar en las posiciones 1 y 2 de la banda Sur del muelle.
En este sentido, el apoderamiento de dos posiciones de atraque exclusivas para Ultramar contraviene disposiciones legales, debido a que el muelle es público, además que la naviera puso en funcionamiento un catamarán que excede la eslora permitida, descrita en las Reglas de Operación vigentes en la terminal marítima “San Miguel”, en este caso con la operación del catamarán Ultramar de 48 metros de eslora.
Estos dos puntos fueron denunciados el 11 de enero de 2017, ante la Dirección General de Puertos, adscrita a la SCT, bajo el expediente 01/2017,  lo que dio como resultado una resolución por parte de la SCT, nada favorables para Ultramar, ya que la dependencia federal notificó que se desconocía la existencia, registro o validez del contrato de exclusividad celebrado entre la Apiqroo y la Naviera Magna S.A. de C.V.
En la resolución se aclara que el muelle fiscal no puede ser objeto de exclusividad, al contravenir las disposiciones legales contenidas en los artículos 10 fracción 1 y 45 de la Ley de Puertos, por lo tanto se apercibió a la Apiqroo para que le deje en claro a Ultramar que ya no puede hacer uso exclusivo de tales posiciones de atraque y que en caso de pretender continuar con las supuestas obligaciones contraídas en dicho instrumento ilegal (contrato) o de hacer caso omiso a la presente resolución se procederá al inicio del procedimiento administrativo correspondiente en su contra, con fundamento en lo establecido en el artículo 33 y 69 de la Ley de Puertos.
En lo que se refiere a la operación del catamarán Ultramar con 48 metros de eslora, la SCT, a través de la Dirección General de Puertos, determinó no autorizar su funcionamiento en el muelle fiscal “San Miguel”, describiendo a dicha embarcación y se dejó claro que en caso de que Ultramar continuara con el uso de tal navío se procedería conforme a derecho por desacato.
Ante este resolutivo que invalida el contrato, por ilegal, ahora Naviera Magna S.A. de C.V. quiere que la Apiqroo le pague un millón de pesos por cada día, con fundamento en las cláusulas de tal contrato que, en las obligaciones económicas, se indica en un párrafo que en caso de que la dependencia estatal niegue o impida el atraque de cualquiera de las embarcaciones designadas por la operadora que en este caso es Ultramar.
Esto es sólo parte de las cláusulas del contrato, ya que también en una de ellas se deja claro que en caso de entrar una tercera naviera, que esto ya sucedió al estar Barcos Caribe, la Apiqroo tendría que otorgar el 15 por ciento de descuento sobre la contra prestación a la operadora, haciéndose efectivo, recurso que al no aplicarse desde que comenzó a operar la tercera naviera ahora Ultramar quiere que la dependencia estatal pague todo lo que se ha generado desde ese entonces.
Cabe agregar que a través de este contrato signado en el 2011, Ultramar se comprometió a pagar cinco millones 550 mil pesos más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de manera anual.