Contralora subraya compromiso de Edil

Cecilia SOLIS

BENITO JUAREZ, 27 de enero.- “El combate a la corrupción llegará hasta sus últimas consecuencias, con respeto al marco legal vigente y a los derechos de los benitojuarenses”, son las indicaciones de la presidenta municipal, Mara Lezama Espinosa.

En este sentido, la contralora municipal, Reyna Arceo Rosado, expresó que se ha cumplido en tiempo y forma el proceso de entrega-recepción entre las administraciones locales saliente y entrante, por lo que a la fecha comparecieron en su totalidad los titulares de las dependencias del Ayuntamiento, con excepción de aquellos recién nombrados.
En ese sentido, manifestó que, además de cumplir con el marco legal, se han atendido las instrucciones de la Edil, en el marco del eje Eficiencia y Transparencia y como parte de la lucha permanente en contra de la corrupción en el gobierno local.
De esta forma, en una primera etapa de este protocolo administrativo, se procedió a la solventación, por parte de los funcionarios salientes, de las observaciones presentadas por los servidores públicos entrantes.
En una segunda fase, todo aquello que no haya sido comprobado, se convierte en materia de investigación por la Contraloría y, en caso de detectarse alguna irregularidad, se turna el respectivo expediente al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, al que corresponde deslindar las responsabilidades legales.
La contralora municipal puntualizó que la dependencia a su cargo no tiene entre sus atribuciones, la investigación y persecución de faltas administrativas graves de los servidores públicos, como lo marca la Ley General de Responsabilidades Administrativas y que son, entre otras, el desvío de recursos públicos, desacato, despojo, cohecho, peculado, abuso de funciones y uso indebido de información.
Finalmente, Arceo Rosado manifestó que por el sigilo a que está obligada por la normatividad en vigor y para no violar el debido proceso, está impedida de revelar detalles de investigaciones de la Contraloría Municipal. Reiteró que, en su oportunidad, el Tribunal de Justicia Administrativa estatal habrá de determinar lo que corresponda en cada caso.