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Es el que ayer otorgó la XV Legislatura del Congreso del Estado al Poder Ejecutivo, a fin de que pueda adquirir el equipamiento y la tecnología necesaria para llevar al cabo el proyecto “Quintana Roo Seguro”, a través de un esquema de arrendamiento puro con compromisos de pago plurianuales.
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La que por muchos años prevaleció en el otorgamiento de concesiones del servicio público de transporte en la entidad, es la que será desterrada para siempre con la entrada en vigor de la nueva Ley de Movilidad aprobada ayer por el Congreso del Estado.
Y es que tal y como damos cuenta en la edición que tiene usted en sus manos, dicho ordenamiento, el cual busca garantizar a los quintanarroenses un transporte de calidad, infraestructura, mejores condiciones administrativas y la prestación de servicios que partan y tengan como objetivo primordial la satisfacción del ciudadano, contempla que la facultad que actualmente tiene el Gobernador, se transfiera al director general de lo que será el Instituto de Movilidad del Estado, a fin de que el otorgamiento de las concesiones responda a factores estrictamente técnicos y sociales, y no a favores políticos.
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La del Gobernador Carlos Joaquín González de que todos los procesos administrativos del Poder Ejecutivo se lleven a cabo de manera transparente, a fin de que los ciudadanos sepan de qué manera y cómo se está trabajando, es la que se continuará ponderando una vez que la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado publicó una segunda convocatoria dirigida a todas las empresas textiles del país, para que participen en el proceso de licitación para la compra de 222 mil 602 kits de uniformes escolares, en virtud de que en la primera ninguna de las 13 participantes reunió los requisitos necesarios para adjudicarse la adquisición, por lo que fue declarada como desierta.
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Es la que bien haría en brindar cuanto antes el director de la Auditoría Nacional de Comercio Exterior, dependiente del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Daniel Marín Gómez, ante el atentado que sus subalternos cometieron contra el turismo en el Sur de Quintana Roo, al instalar un retén a todas luces ilegal que, como se pudo comprobar, no tenía más intención que la de hostigar a los participantes de la XXVII edición del Torneo Internacional de Pesca Internacional “Copa Gobernador 2018”.
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Es la que, de manera urgente y eficaz, brindará a los problemas del uso y ocupación del territorio, el deterioro ambiental y la falta de certeza jurídica en relación con el desarrollo, la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo aprobada ayer por unanimidad en el Congreso del Estado.