Así es la labor que se está realizando al interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), a fin de acabar con el desorden administrativo que dejó Patricio de la Peña Ruiz de Chávez, quien lejos de cumplir con su responsabilidad, como consta en las denuncias penales que fueron interpuestas ante la Fiscalía General del Estado, se dedicó a alentar una red de corrupción que, mediante juicios simulados, arrebató a numerosos empresarios lo mismos costosas propiedades que millonarias sumas de dinero.
Y es que tal y como damos cuenta en la edición que tiene usted en sus manos, fue la actual titular de la dependencia, Catalina Portillo Navarro, quien dio a conocer que en la actualidad existe un rezago de más de 40 mil expedientes laborales en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje (JLCyA), a los que no se les dio el debido seguimiento durante la anterior administración, por lo que al día de hoy se está citando personalmente a cada uno de los promoventes para que actualicen sus elementos de prueba o, en caso contrario, sean desechados.
En este sentido, la funcionaria explicó que con la finalidad de aligerar la excesiva carga de trabajo, producto de la negligencia de sus antecesores, también se puso en marcha una jornada de caducidad en la que todas las demandas que no tuvieron impulso procesal en años anteriores se desecharon previa notificación al trabajador, esto sin contar con que otras se han ido resolviendo mediante la conciliación entre las partes involucradas, lo que ha permitido llevarlas a buen término y con estricto apego a la Ley.
Al respecto, Portillo Navarro señaló que en el caso de los despojos que se dieron bajo la complicidad de Ruiz de Chávez y sus “incondicionales”, amén de que se está dando seguimiento puntual a las denuncias penales que se interpusieron en su momento, también se está trabajando para restituir a los afectados lo que por derecho les corresponde.
Con base en lo anterior, no queda más que reconocer el esfuerzo que están desarrollando quienes forman parte de la STyPS, a fin de restablecer el orden y buen desempeño de una instancia que, sin lugar a dudas, es fundamental en la atención y defensa de los derechos de los trabajadores.
¿No lo cree así, amable lector?