Es la que, de manera urgente y eficaz, brindará a los problemas del uso y ocupación del territorio, el deterioro ambiental y la falta de certeza jurídica en relación con el desarrollo, la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo aprobada ayer por unanimidad en el Congreso del Estado.

Y es que tal y como damos cuenta en la edición que tiene usted en sus manos, dicha norma fue el resultado de un trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado y la XV Legislatura, a fin de promover la preservación del medio natural y generar mejores oportunidades para elevar la calidad de vida de los quintanarroenses, amén de que se establece como la mayor reforma al ordenamiento legal de los asentamientos humanos en la historia de la entidad.
En este sentido, no se puede perder de vista que esta Ley, la cual incorpora los conceptos internacionales suscritos por México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Hábitat III y la Nueva Agenda Urbana, privilegiando la integración del medio ambiente, el espacio público y la movilidad, promueve reglas claras y de estricta observancia para el desarrollo y crecimiento ordenado sustentable, evitando duplicidades y ambigüedades en materia normativa, esto sin contar con que también reducirá costos y tiempos en los trámites, favoreciendo la inversión y la derrama económica hacia la población, lo cual, sin lugar a dudas, permitirá reducir las desigualdades y reconocer el derecho que tienen todos a vivir en una ciudad armónica, con mejores servicios y una mayor seguridad.
Al respecto, tampoco se puede soslayar que, amén del trabajo que realizó el Poder Legislativo junto con la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus), fueron los representantes de los colegios de arquitectos y cámaras empresariales del Norte y Sur del Estado los que dieron su aval y aprobación para la promulgación de esta Reforma Urbana, bajo la premisa fundamental de contar con las condiciones necesarias para lograr el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano, privilegiando una visión armónica entre los diferentes actores públicos y privados.
Con base en lo anterior, no queda más que resaltar los alcances de esta Ley que, insistimos, establece reglas explícitas y claras para el uso y aprovechamiento del territorio, al mismo tiempo que dota de instrumentos a los gobiernos para conducir los procesos urbanos en beneficio de las familias quintanarroenses.
¿No lo cree así, amable lector?