Lo mismo que enteramente objetivo, fue el llamado que hizo ayer el presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Eduardo Martínez Arcila, a fin de que el Gobierno Federal realice una redistribución de los recursos destinados al rubro de la seguridad pública en el país y, al mismo tiempo, disponga de una mejor estrategia para combatir a la delincuencia en cualquiera de sus modalidades.

Y es que tal y como damos cuenta en la edición que tiene usted en sus manos, el antes citado consideró como acertadas las medidas que ha implementado el Gobierno del Estado para amortizar la deuda pública y, de esta forma, disponer de mayores recursos para garantizar la tranquilidad de la población y de quienes nos visitan, sin embargo, resaltó como enteramente necesario que la Federación, a la brevedad posible, también ponga su parte.
En este sentido, el líder cameral sostuvo que el grueso de los delitos que se cometen en la entidad son del fuero federal y de alto impacto, de ahí que se requieran mayores recursos ya no sólo para el equipamiento, la capacitación y la contratación de más elementos en las diferentes corporaciones policiacas, sino también para otorgarles mejores percepciones salariales que permitan elevar la efectividad de su desempeño.
Al respecto, el entrevistado señaló que, en el caso particular de Quintana Roo, un buen punto de partida para realizar la citada redistribución de recursos federales sería el de analizar a fondo en qué condiciones se recibió el sistema de impartición de justicia y cómo se encuentra ahora, una vez que, con grandes esfuerzos, toda vez que no hay dinero que alcance, se han logrado abatir rezagos que por muchos años se fueron acentuando en perjuicio de la población.
Con base en lo anterior, no queda más que resaltar lo afirmado por Martínez Arcila en cuanto a la urgente necesidad de que el Gobierno Federal voltee la mirada hacia la entidad y, con base en los avances que se han logrado hasta el momento, meta el hombro desde el plano financiero para fortalecer aún más la seguridad pública, hoy por hoy, la principal demanda de los quintanarroenses.
¿No lo cree así, amable lector?