La del firme combate a la corrupción que ha emprendido el Gobernador Carlos Joaquín González, atendiendo al reiterado clamor de los quintanarroenses porque se haga justicia, es la que ayer dio el titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado (Secoes), Rafael Antonio del Pozo Dergal, al anunciar que en breve se interpondrán otras 20 denuncias contra ex funcionarios de la pasada administración, por un daño patrimonial del orden de los 4 mil millones de pesos.

Y es que tal y como damos cuenta en la edición que tiene usted en sus manos, fue en el marco de una improvisada rueda de prensa que concedió en la capital del Estado, donde el antes citado precisó que si bien en días pasados se interpusieron siete denuncias más, en cartera se encuentran las 20 arriba señaladas, de las cuales no quiso abundar en detalles -salvo de que se trata de irregularidades detectadas en el rubro de la Salud-, por razones del sigilo que garantiza el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
En este sentido, el funcionario señaló que con dichas denuncias, el número de las mismas ascenderá a más de 50, producto de las auditorías y los procesos de investigación que se han realizado sobre la situación patrimonial de los ex servidores públicos, aunque eso sí, fue puntual al subrayar que si bien entiende el interés de los ciudadanos y de los medios de comunicación por conocer de quiénes se trata, el endurecimiento de las reglas en materia del debido proceso y la presuncion de inocencia que debe de privar en estos casos, lo obliga a no ahondar en las particularidades de los mismos.
Al respecto, Del Pozo Dergal indicó que, de acuerdo con el sustento que se tiene de todas y cada una de las denuncias que se han interpuesto ante la Procuraduría General de la República (PGR) y ante la Fiscalía General del Estado (FGE), se puede afirmar que el daño patrimonial que se causó al Estado durante la pasada administración asciende a 13 mil millones de pesos.
Con base en lo anterior, no queda más que esperar que estos recursos legales, los cuales sin lugar a dudas llevan impresa la imperiosa necesidad de restituir a los quintanarroenses lo que les pertenece, se lleven a buen término, a fin de que los responsables respondan puntualmente ante la Ley y reciban el castigo que se merecen.
¿No lo cree así, amable lector?