Así resulta que mientras los grandes consorcios hoteleros, de manera por demás impune, continúan atentando contra la invaluable riqueza natural de Quintana Roo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) esté más preocupada en sancionar a los pequeños propietarios que, en las más de las veces, son hostigados y vejados en sus derechos más elementales bajo el ya conocido pretexto de “hacer valer la Ley”.

Y es que tal y como damos cuenta en la edición que tiene usted en sus manos, fue la apoderada legal del Movimiento Social en Pro de los Derechos del Pueblo, Katherine Ender Córdova, quien condenó las “dos pesas y dos medidas” que están rigiendo el desempeño de la dependencia en la entidad, toda vez que sus inspectores, al tiempo que se dan vuelo clausurando muelles de madera en la Laguna de los Siete Colores de Bacalar, se hacen a los desentendidos ante los graves daños causados al litoral costero de la Riviera Maya por las escolleras del hotel Grand Velas o el lamentable ecocidio que se cometió con la muerte de cientos de crías de tortugas marinas durante las obras de delimitación del predio donde se pretende desarrollar el proyecto Gran Solaris Cancún en Playa Delfines.
En este sentido, la antes citada hizo un nuevo llamado al delegado estatal de la Profepa, Javier Castro Jiménez, a fin de transparentar sus acciones y la del personal a su cargo, ya que, en los hechos, pareciera que lo que menos les interesa es velar por el ejercicio de la legislación vigente, acentuando las sospechas de que, en el caso específico de los complejos turísticos que hoy son motivo de polémica, sus promoventes, para desgracia de los quintanarroenses, ya les llegaron al precio.
Al respecto, Ender Córdova sostuvo que es momento de que los ciudadanos se unan para frenar a esta instancia que, si bien de acuerdo con las normas vigentes, no tiene calidad de Policía, hoy ha llegado al grado de utilizar al Ministerio Público Federal (MPF) para consumar todas y cada una de sus arbitrariedades.
Con base en lo anterior, no queda más que esperar que sea el propio titular de la Profepa, Guillermo Haro Bélchez, quien voltee la mirada hacia Quintana Roo y, a la brevedad posible, tome las medidas que sean necesarias para retomar el camino del orden y la legalidad en materia ambiental.
¿No lo cree así, amable lector?