La de garantizar un acceso a la justicia más eficiente, rápido y efectivo, con base en las reformas

propuestas al Código Nacional de Procedimientos Penales, las cuales están enfocadas en la protección de los derechos de las víctimas del delito, así como en la optimización de los procesos judiciales y la lucha contra la impunidad, es la que resaltó el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Raciel López Salazar, en el marco de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia de la Zona Sureste, la cual se está realizando en Mérida, Yucatán.
Y es que tal y como damos cuenta en la edición que tiene usted en sus manos, el antes citado indicó que la bienvenida a esta Primera Sesión Ordinaria 2025 estuvo a cargo del Gobernador del Estado, Joaquín Díaz Mena, y fue presidida por Germán Adolfo Castillo Banuet, fiscal especializado de Control Regional, en representación del fiscal general de la República y presidente de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, Alejandro Gertz Manero.
En este sentido, el funcionario precisó que durante la reunión se trataron temas relacionados con el “Proyecto de reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales”, los “Avances al Sistema Estadístico Nacional de Procuración de Justicia”, el “Registro criminal de armas de fuego”, la “Actualización al instrumento de registro, calificación y reporte de los delitos y las víctimas”, entre otros.
Al respecto, el titular de la FGE resaltó que todos los participantes acordaron impulsar los proyectos y los lineamientos del Registro Nacional de Vehículos Robados y Recuperados, del Registro Nacional de Mandamientos Judiciales, del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, así como del Registro, clasificación y reporte de los delitos y las víctimas.
Con base en lo anterior, no queda más que resaltar lo afirmado por Raciel López Salazar en cuanto a los alcances de este evento, los cuales permitirán cerrar filas para impulsar estos importantes proyectos que permitirán beneficiar a la población y a sus visitantes, como en el caso de Quintana Roo, protegiendo los derechos de las víctimas, optimizando los procesos judiciales y reforzando la lucha contra la impunidad.
¿No lo cree así, amable lector?