Y en toda la extensión de la palabra, es el proyecto para construir el hotel Gran Solaris Cancún en un terreno ubicado a un costado de Playa Delfines, según puso de manifiesto ayer la presidenta del Grupo Ecologista del Mayab (Gema), Aracely Domínguez Rodríguez.

Y es que tal y como damos cuenta en la edición que tiene usted en sus manos, la antes citada, en una conferencia de prensa que ofreció junto con el titular de la organización “La Tierra es Nuestra Casa”, Roberto Villalobos, sostuvo que si bien se ha dicho que esta obra tiene todos los permisos, lo cierto es que presenta irregularidades desde la misma fusión del predio en donde será edificada, ya que la misma, no obstante que se autorizó en el 2005, fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, al margen de los plazos establecidos, hasta el 2012, es decir, 7 años después, ya que no contaba con la compatibilidad urbanística estatal que marcan las normas vigentes.
En este sentido, la entrevistada, luego de subrayar el grave daño ecológico que está teniendo lugar en la última ventana al mar que le queda a los cancunenses, misma que es una zona de anidación de tortugas marinas, recalcó que, como si no bastara con lo arriba expuesto, el proyecto “autorizado” está sobredensificado, toda vez que la autoridad le otorgó una constancia de uso de suelo y la licencia de construcción correspondiente como si a la Zona Hotelera se le aplicara una densidad bruta, la cual se calcula sobre la totalidad del predio, y no la neta como es el caso que nos ocupa.
Al respecto, y tras cuestionarse cómo es posible que los promotores de este hotel hayan conseguido los documentos antes mencionados, sin contar con la compatibilidad urbanística estatal, Domínguez Rodríguez indicó que, ante estas inconsistencias, por llamarlas de alguna manera, el Gema iniciará en breve sendos juicios contenciosos a nivel federal y local, amén de que combatirá la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que autoriza la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ante una sala especializada.
Con base en lo anterior, y ante el giro que ha dado este polémico asunto que también alcanza a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), hoy acéfala en la entidad, no queda más que esperar que ante todo, por encima de cualquier interés particular, se haga valer la Ley como hoy lo están exigiendo los quintanarroenses.
¿No lo cree así, amable lector?