La de las autoridades electorales es la que, a decir del próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, se hace imperante fortalecer, a fin de que estas dispongan

de una mayor autonomía presupuestal, administrativa, jurisdiccional y política que les permita avanzar hacia la consolidación del marco democrático del país.
Y es que tal y como damos cuenta en la edición que tiene usted en sus manos, al dictar la conferencia magistral “Elecciones y Combate a la Corrupción”, en el auditorio de la Escuela Judicial del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en la capital del Estado, el antes citado, al tiempo que dijo ser de la idea de regresar al Gobierno de 2014 para efecto de que los Congresos locales decidan sobre las cuestiones electorales, indicó que si bien la corrupción inicia con las elecciones, esta no tiene que ser necesariamente responsabilidad única y absoluta de las autoridades, sino de los empresarios quienes financian las campañas políticas con dinero producto del peculado, el desvío de recursos públicos o la delincuencia organizada.
En este sentido, el también especialista en materia electoral lamentó que en la actualidad México se encuentre entre los países más corruptos del mundo a lo largo de la historia, de ahí la importancia de generar los diseños institucionales idóneos para poder combatir este problema de manera más eficaz y, en consecuencia, enderezar el rumbo y mejorar la percepción que se tiene a nivel internacional.
Al respecto, el próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP sostuvo que el problema de la corrupción no se resuelve ni se resolverá con reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que en la medida de que se cumpla estrictamente con lo que esta dice es como se irá avanzando para robustecer las capacidades del Estado y darle viabilidad al sistema democrático.
Con base en lo anterior, no queda más que resaltar lo afirmado por Nieto Castillo en cuanto a la conveniencia de que las autoridades en materia electoral dispongan de las condiciones necesarias para mejorar su desempeño y así poder cumplir cabalmente con los principios de certeza, legalidad, independencia e imparcialidad que demandan los ciudadanos en todo el territorio nacional.
¿No lo cree así, amable lector?