Son los que en los próximos días hará valer la presidenta del Movimiento Social en Pro de los Derechos del Pueblo, Katherine Ender Córdova, en contra de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en razón de que, lejos de cumplir con su responsabilidad en el caso del hotel Gran Solaris Cancún, sus funcionarios únicamente se han dedicado a tratar de deslegitimar la lucha legal que ha emprendido en defensa de Playa Delfines, hoy por hoy la última ventana al mar que le queda a los cancunenses.

Y es que tal y como damos cuenta en la edición que tiene usted en sus manos, la antes citada confirmó que ante los daños y perjuicios que han sufrido tanto ella como su organización, luego de la inusual emisión de un boletín de prensa en el que se pretende desmentir el grave daño ecológico que las obras de dicho centro de hospedaje causaron a una zona de anidación de tortugas marinas, sus abogados están preparando una denuncia penal que será interpuesta ante las autoridades competentes, a fin de que la instancia en cuestión no sólo repare el agravio moral causado, sino que ofrezca una disculpa pública ante su errático proceder en un asunto de interés general.
En este sentido, la entrevistada condenó que la Profepa, lejos de abonar a fortalecer su credibilidad, continúe realizando acciones que únicamente vienen a acentuar las sospechas de que más allá de velar por la conservación del medio ambiente, sus funcionarios están privilegiando sus intereses económicos, por lo que en el caso específico del hotel Gran Solaris Cancún no se quitará el dedo del renglón, en aras de que se reconozcan las inconsistencias que existen en los permisos que les fueron otorgados a sus promotores y, en consecuencia, el proyecto sea suspendido de manera definitiva.
Al respecto, y al opinar sobre la designación del nuevo delegado de la dependencia en la entidad, Javier Castro Jiménez, Ender Córdova, si bien le otorgó el beneficio de la duda, señaló que más allá de designaciones, lo que hoy hace falta son acciones concretas que sirvan realmente para proteger la invaluable riqueza natural de Quintana Roo.
Con base en lo anterior, no queda más que esperar que en este caso, más allá de cualquier coyuntura y porque así lo está exigiendo la sociedad civil, ante todo prevalezca el imperio de la Ley.
¿No lo cree así, amable lector?