Es la que ayer destapó el titular del Organo de Control y Evaluación Interna de la Fiscalía General del Estado, Luis Alaín Matos Argüelles, al dar cuenta de manera detallada de las graves irregularidades que se cometieron en dicha instancia durante la pasada administración estatal, entre estas el desvío de más de 6 millones de pesos y la desaparición de cuando menos 60 vehículos, lo mismo que armamento y equipo táctico de la otrora Policía Judicial.

Y es que tal y como damos cuenta en la edición que tiene usted en sus manos, el antes citado mencionó que, por si fuera poco, durante las auditorías que se realizaron, también se pudieron detectar los “privilegios” de los que gozaban algunos ex funcionarios de la dependencia, en ese entonces bajo el mando de Arturo Alvarez Escalera, al recibir no sólo onerosos sueldos, sino compensaciones de entre 60 y 120 mil pesos mensuales, lo cual, definitivamente, dado el grave deterioro que presentó la impartición de justicia en el último sexenio, resulta inaceptable.
En este sentido, el entrevistado indicó que una de las cosas que más le llamaron la atención durante las revisiones que se efectuaron fue el poder que ostentaba la ex titular de la Dirección de Recursos Humanos de la PGJE, cuyo nombre si bien no mencionó, se sabe que se trata de Andrea Aguirre, quien no sólo hizo lo que le vino en gana con la nómina, en la cual se encontraron varios “fantasmas”, sino que llegó al grado de abusar de la confianza de numerosos trabajadores de nuevo ingreso a los que, sin el menor recato, les “rasuró” sus primeras quincenas.
Al respecto, lo verdaderamente grave del asunto es que, además de los vehículos, el mobiliario, los radios Matra y demás que, pese a estar inventariados, simple y sencillamente no aparecen,  muchas de las armas que se “perdieron” han sido encontradas en manos de delincuentes, lo cual, a decir de Matos Argüelles, ya fue debidamente notificado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que tome las medidas correspondientes.
Con base en lo anterior, no queda más que esperar que las denuncias penales que ya fueron interpuestas por estas “hazañas” se lleven hasta sus últimas consecuencias, en aras de que los presuntos responsables, como están exigiendo los quintanarroenses, sean castigados con todo el peso de la Ley.
¿No lo cree así, amable lector?