Razonada

Lo mismo que enteramente viable, es la propuesta que hizo ayer el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la XVI Legislatura del Congreso del Estado (Jugocopo),

Gustavo Miranda García, de aumentar hasta en un tercio las penas para las diferentes causales del delito de extorsión, primordialmente en la modalidad de “cobro de derecho de piso” y, con ello, atender el clamor de los propietarios de todos esos negocios pequeños, medianos o grandes, formales o informales, que han sido víctimas de la delincuencia.
Y es que tal y como damos cuenta en la edición que tiene usted en sus manos, el antes citado, al tiempo que se solidarizó con quienes han sufrido en carne propia este ilícito, llegando al grado de cerrar sus empresas e, incluso, irse a vivir a otras partes del país, explicó que lo que se pretende con esta iniciativa es individualizarlo, es decir, que no se asuma que los que lo cometen son miembros del crimen organizado, sino que se actúe contra el individuo que está personalmente exigiendo ese “derecho de piso”.
En este sentido, el líder cameral explicó que se pretende reformar el Artículo 156 del Código Penal del Estado de Quintana Roo para que, quienes se ostenten como miembros de la delincuencia organizada al cometer el ilícito y/o trabajen en instituciones que manejen datos personales y se valgan de su puesto para cometer extorsiones, se les apliquen penas de 25 a 50 años de prisión, en tanto que con aquellos que utilicen medios electrónicos para hacerlo, la pena aumente de 30 a 35 años.
Al respecto, el titular de la Jugocopo sostuvo que el “cobro por derecho de piso”, es la modalidad de extorsión más arraigada en nuestro Estado, cuya práctica se ha vuelto sistemática y una triste realidad diaria que afrontan muchos quintanarroenses, la cual consiste en la exigencia por parte de los criminales de una “renta” o “erogación” a cambio de supuesta protección y del no ejercicio de la violencia contra la integridad de la víctima o de sus familiares.
Con base en lo anterior, no queda más que resaltar lo afirmado por Miranda García en cuanto a que este delito no sólo representa un problema de seguridad pública, sino que también una amenaza para el desarrollo y el crecimiento económico de Quintana Roo, de ahí la imperiosa necesidad de combatirlo y sancionarlo con mayor severidad.
¿No lo cree así, amable lector?