Juez mantiene prisión en El Altiplano

CHIHUAHUA, 25 de octubre.- El ex fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, fue vinculado

a proceso por su presunta participación en el delito de traición a la Patria, dentro de la investigación sobre la presencia de agentes estadounidenses en un operativo contra un laboratorio de drogas realizado en abril.
La resolución fue dada a conocer durante los primeros minutos del 25 de octubre. El juez Ricardo Alfonso Santos Dorantes también mantuvo la prisión preventiva justificada, por lo que el exfuncionario continuará recluido en el penal federal de El Altiplano.
La audiencia se desarrolló a puerta cerrada. La prensa y el público ingresaron únicamente para conocer la resolución, sin acceso a la exposición completa de los argumentos de las partes.
La Fiscalía General de la República presentó alrededor de 150 datos de prueba. La defensa cuestionó que esos elementos acreditaran la responsabilidad del ex fiscal en la intervención de los extranjeros.
El abogado Héctor Villasana sostuvo que su cliente no ordenó ni autorizó la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. También negó que hubiera tenido conocimiento previo de su presencia.
El defensor atribuyó las decisiones operativas a Pedro Oseguera, entonces titular de la Agencia Estatal de Investigación. Esa afirmación formó parte de la versión de la defensa.
La investigación se originó después de una operación para desmantelar un laboratorio clandestino en El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua. Durante el regreso, un vehículo cayó a un barranco y murieron cuatro personas, entre ellas dos estadounidenses.
Jáuregui enfrentó, además, un procedimiento del fuero local relacionado con el presunto uso indebido de la función pública. Ese expediente era distinto de la causa federal que lo mantuvo detenido.
El sábado, simpatizantes del PAN realizaron una caravana y se manifestaron frente a instalaciones de la FGR en Chihuahua para pedir que enfrentara el proceso en libertad.
La vinculación permitió continuar la investigación judicializada; no representó una sentencia condenatoria ni resolvió definitivamente la controversia sobre quién autorizó la participación extranjera.